Este domingo se votaron autoridades en 88 gobiernos municipales de los 427 que conforman la provincia, dando un resultado diverso en cuanto a las fuerzas políticas que se impusieron en los comicios.

El encuentro, previsto para este martes, será encabezado por la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard. La comisión también deberá resolver la ampliación del juicio político impulsado por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán. 

Como ere previsible, el integrante de Revolución Federal afirmó que no tiene nada que ver con el intento de magnicidio. También negó conocer a dos legisladors a las que habría escrachado. 

Alberto Fernandez recibirá al hijo del actor Diego Botto, desaparecido en 1977 por la última dictadura militar. Además, la ministra Ayelén Mazzina se reunirá con la embajadora especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otras actividades oficiales.

La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez. 

Además del jefe comunal, los vecinos votarán a once concejales y tres miembros del Tribunal de Cuentas, quienes ocuparán esos cargos por los próximos cuatro años.

Los funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile acordaron mecanismos para facilitar la tramitación internacional de matrimonios, uniones convivenciales, divorcios y divisiones patrimoniales dentro del bloque regional.

Así lo hicieron conocer los candidatos a intendentes, a jefes comunales, a concejales y a legisladores provinciales de la fuerza en la provincia a través de un comunicado con más de 50 firmas que difundió la enadora nacional Laura Rodríguez Machado.

Para los docentes jujeños, en la provincia gobernada por Gerardo Morales no hay paritarias reales, sino "imposiciones salariales del Gobierno". Además, cuestionan que la reforma de la Carta Magna local "pretende prohibir el derecho de la protesta".

Las hijas de dos de los asesinados pidieron "justicia" en el juicio por la verdad que comenzó en los tribunales de San Martín. También reclamaron que lo ocurrido durante la dictadura de Aramburu sea reconocido como un crimen de lesa humanidad.