La atención de la provincia de San Juan y de todo el país se posa hoy, lunes 14 de julio, sobre los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska tiene en sus manos una decisión crucial que podría impactar directamente en el futuro de YPF, la petrolera nacional. La magistrada debe definir si se obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que iniciaron un juicio multimillonario a raíz de la expropiación de la empresa durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Lo que está en juego es una suma colosal de dinero y la posibilidad de que Argentina enfrente embargos de bienes en el exterior. El gobierno de Javier Milei ha apelado con determinación para evitar tener que entregar las acciones de forma inmediata mientras el caso sigue su curso en la justicia, buscando así ganar tiempo vital. La semana pasada, el Gobierno formalizó esta apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

Según los abogados del Estado argentino, si se procede a la entrega de las acciones de YPF, el país perdería el control de la empresa de forma permanente, una situación que consideran inaceptable. Argumentan que la ley argentina exige la aprobación de dos tercios del Congreso para ceder la participación estatal, y que obligar a esta entrega sería una clara violación a la soberanía nacional.

Sebastián Maril, de Latam Advisors, explicó la situación en términos sencillos: "El lunes era la fecha tope para que el país depositara los papeles de YPF en custodia en un banco de Nueva York y Preska no va a definir si cancela o revierte la orden que dio el 30 de junio. Sí decidirá si suspende o no la entrega de las acciones mientras la Argentina apela".

Esto significa que si la jueza Preska suspende la entrega, Argentina logrará un respiro por el momento. Si la decisión es negativa, los fondos buitre Burford y Eton Park podrían comenzar a ejecutar la sentencia y proceder a embargar bienes del Estado argentino. La suma que estos fondos reclaman es estratosférica: más de 17.000 millones de dólares, una cifra que, de perderse, podría tener un impacto económico devastador para el país.

Desde el gobierno nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo están siguiendo el tema con máxima atención, explorando todas las alternativas legales disponibles para defender los intereses argentinos. Incluso, han anticipado que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si la situación lo requiere, mostrando una firme postura de no ceder en esta batalla legal.

La expectativa es máxima en esta jornada. San Juan, como el resto del país, estará atento a la definición de la jueza Preska, esperando que la balanza judicial se incline a favor de los intereses argentinos.